En los últimos días se anunciaron modificaciones al régimen de Vivienda Promovida, que plantean nuevos criterios de acceso a los beneficios fiscales. Entre las medidas previstas se destacan:
- Límite máximo de 100 unidades por proyecto
- Prioridad para desarrollos en suelo urbano con buena conexión a servicios
- Comercialización a través de llamados del Ministerio
- Restricciones en el uso de garantías SIGA, favoreciendo a pymes y proyectos en el interior
Los proyectos que no cumplan con estos criterios podrán ser evaluados para ser presentados por la COMAP, más orientado a la inversión y la generación de empleo.
📉 Un sector que no necesita incertidumbre
La Vivienda Promovida movilizó más de 3.500 millones de dólares en inversión privada. Sostiene de forma directa el trabajo de más de 50.000 personas, e indirectamente a decenas de miles más en industrias vinculadas.
Modificar las condiciones de acceso sin una transición clara, con criterios aún no del todo definidos, genera un riesgo: poner en pausa decisiones de inversión que impactan en empleo, vivienda y ciudad.
Tengamos en claro que uno de los problemas principales es la incapacidad de generar ahorro previo (ya sea el 10% o 20%) para obtener créditos hipotecarios.
🧭 Ajustar no es desarmar
Está bien revisar. Está bien actualizar. Pero cuando se trata de una herramienta que funciona, los cambios deben ser quirúrgicos, no de esta manera.
Vivienda Promovida no es solo un mecanismo técnico: es una política de desarrollo urbano, una vía para canalizar ahorro local, una plataforma para construir ciudad.
Mientras no haya pozos petroleros, cuidemos la vivienda promovida. Y si o si, busquemos forma reales para el acceso a la vivienda de los sectores que la precisan.
🔽 ¿Qué opinás de este nuevo enfoque? ¿Cómo impactará en la dinámica del mercado? El debate no es político. Es urbano, económico y estratégico.
