El alineamiento de Uruguay con criterios internacionales de transparencia y normas antilavado cambiaron el accionar de muchos actores, entre ellos el sector inmobiliario, que entiende fue uno de los más afectados y ha reclamado en varias ocasiones por esto. Ahora se quejan porque los bancos no brindan financiamiento a clientes no residentes o demoran el trámite para la apertura de una cuenta para que haga el depósito correspondiente a la compra de un inmueble, lo que retrasó e hizo caer negocios, según comentaron operadores privados.
Si bien desde 2004 cuando se aprobó la primera normativa que estableció controles para evitar el lavado de dinero tanto los bancos como el sector inmobiliario están obligados a reportar operaciones sospechosas e indagar sobre el origen de los fondos, las actualizaciones legales han ido incrementando las diligencias. Esto sumado a otras razones de contexto económico, han hecho que dejara de resultar atractivos para las entidades financieras recibir dinero de no residentes (ver aparte).
Esa situación afecta directamente a las inmobiliarias y promotores de inversión locales. "Uruguay ya no está siendo muy atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión, y aparte le sumamos otros problemas", expresó el director de Kosak Inversiones Inmobiliarias, Roberto Kosak.
Señaló que "no hay financiación para no residentes" y los bancos "se enfocan solo en inversores locales". Kosak detalló que el inconveniente surge porque "tenés que tener capacidad (de pago), no les interesa que tengas patrimonio, si no generas el dinero acá para ellos no podés pagar y entonces no te prestan".
A su vez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del EsteMaldonado, Jorge Díaz, dijo a El País que le consta que las entidades financieras "ponen muchas trabas a los extranjeros para abrir cuentas particulares". Agregó que "en general los bancos se muestran muy restrictivos" en estos temas, lo que complica los negocios de compraventa de inmuebles porque "el sistema bancario es imprescindible".
"Si a usted no le quieren abrir una cuenta y todavía lo invitan a irse, son medidas que no tienen lógica y no van de la mano con la promoción de inversiones", remarcó Díaz. Es que desde abril próximo con la implementación de una nueva etapa de la ley de inclusión financiera, todos los pagos de operaciones de bienes inmuebles o vehículos superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 5.000 aproximadamente— deberán realizarse por vía bancaria.